INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas hemos sufrido el terrorismo de ETA. Durante todos estos años hemos sostenido un combate duro y difícil. Hoy, la fortaleza del Estado de Derecho es mayor que nunca, y, consecuentemente, aunque ETA puede seguir atentando, es mayor que nunca su debilidad.
En el proceso histórico de lucha contra el terrorismo en España ha habido una determinación absoluta para defender la vida y la libertad, para honrar a las víctimas y para acabar con la violencia definitivamente.
Hoy se puede constatar con satisfacción que en la sociedad vasca se ha extendido e intensificado el deseo de alcanzar su definitiva pacificación. Van haciéndose cada vez más frecuentes las llamadas al abandono del terrorismo y a la participación de todos los sectores, desde sus respectivas posiciones legítimamente discrepantes, en la resolución progresiva, por las vías democráticas e institucionales, de los graves problemas que tiene planteados el país.
En ese ya largo camino, los avances producidos se han debido esencialmente a la firmeza democrática de la sociedad y a la acción sostenida de tres factores básicos de la lucha antiterrorista: la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación internacional y la unidad y los acuerdos de las fuerzas democráticas y de las instituciones.
El atentado perpetrado por la organización terrorista ETA el 30 de diciembre de 2006 en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que costó la vida a los jóvenes inmigrantes ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio rompió el “alto el fuego permanente” iniciado por la banda el 24 de marzo de 2006. Este atentado quebró también el proceso de paz anunciado por el Presidente del Gobierno el 29 de junio de 2006. Posteriormente, ETA ha anunciado el fin del alto el fuego a partir del 6 de junio de 2007.
Es un principio consolidado en la historia democrática de España que todo Gobierno debe hacer lo que esté en su mano para buscar los caminos de una paz definitiva y conseguir el final del terrorismo, con respeto absoluto a las reglas del Estado de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la Ley.
En este momento es muy necesario el fortalecimiento de la unidad democrática frente al terrorismo, porque en dicha unidad nos va la defensa de valores que todos compartimos: la vida, la libertad y la paz. En un asunto de Estado tan importante y delicado como la lucha contra el terrorismo, las fuerzas democráticas deben evitar siempre la instrumentación partidista de los atentados como arma arrojadiza entre los demócratas. La unidad es la mejor forma de expresar la fortaleza de nuestra sociedad y su voluntad de no ceder a la extorsión de la violencia.
Por ello es fundamental la construcción de un marco permanente de unidad, abierto a todas las fuerzas políticas democráticas, que actualice y respalde una estrategia conjunta y compartida, recogiendo las experiencias compartidas de los acuerdos de Ajuria Enea, Madrid y Pamplona, así como del Pacto por las libertades y contra el terrorismo.
La presente propuesta de un nuevo Acuerdo por la Paz y la Libertad, contra el Terrorismo, tiene por objetivo contribuir al final del terrorismo a través de la más amplia unidad democrática, aunando fuerzas de todos los partidos democráticos de nuestro país, así como de las instituciones –tanto en el ámbito estatal como en las Comunidades Autónomas, especialmente del País Vasco y de Navarra- así como de las asociaciones cívicas y sociales. Alcanzar este objetivo sigue siendo la esperanza irrenunciable del Estado y la ciudadanía.
En definitiva, centramos nuestro esfuerzo en tres ejes principales: la unidad democrática sin exclusiones, la lógica del Estado de Derecho sin atajos, y la acción política frente al terrorismo.
PARTE RESOLUTIVA
1.- RECHAZO DE LA VIOLENCIA
Las fuerzas políticas firmantes, decididas a reforzar y ampliar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades, acabar con el terrorismo y alcanzar la paz; convencidas de que la erradicación del terrorismo sigue siendo hoy un objetivo común fundamental de la acción de todas las instituciones y fuerzas democráticas:
Reafirmamos nuestro apoyo al actual Estado Democrático de Derecho, basado en la soberanía popular, expresada mediante el sufragio libre, como marco jurídico que garantiza la defensa de las libertades y el ejercicio del pluralismo político, social, económico y cultural.
Rechazamos la utilización de la violencia como método de consecución de objetivos políticos. Condenamos la violencia porque es moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia. La paz es objetivo esencial de la actividad política, imprescindible para alcanzar el bienestar de los ciudadanos, preservar sus libertades individuales y colectivas, y proteger sus derechos humanos fundamentales, siendo el primero, el de la vida.
Reiteramos que la violencia terrorista, es decir, el asesinato, las agresiones, la extorsión económica, la amenaza y cualesquiera otras formas de intimidación y chantaje, como métodos de una pretendida acción política, son moralmente inaceptables y absolutamente incompatibles con la democracia. Nuestro rechazo firme a la violencia terrorista responde a nuestras convicciones democráticas, a nuestra fe en la razón y en la palabra, en la vida y en la libertad y se basa en la profunda y radical falta de legitimidad de quien intenta, mediando la violencia, imponer cualquier idea u objetivo a la voluntad del pueblo, a la soberanía de los ciudadanos.
La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos, son valores no negociables.
En tal sentido, insistimos una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que solo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular.
Emplazamos al mundo abertzale a liberarse de la tutela de la violencia y apostar definitivamente por las vías pacíficas y democráticas.
Manifestamos nuestra plena determinación por trabajar juntos en la finalización definitiva de la violencia terrorista.
Creemos que a la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo hay que añadir una condición imprescindible: la unidad democrática de los partidos políticos, y que eso significa la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista. Por ello queremos formalizar solemnemente nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre los partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
2.- EMPLAZAMIENTO A ETA PARA SU DISOLUCIÓN
Reiteramos la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazamos su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco que únicamente deben serlo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado.
Por ello, emplazamos a ETA, de modo formal, para que se disuelva, abandone definitivamente las armas y acepte las vías que el sistema democrático arbitre para superar las consecuencias sociales y políticas de la violencia.
3.- LIDERAZGO DEL GOBIERNO/NO CONFRONTACIÓN PARTIDISTA
El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
Tal y como se establece en el artículo 97 de la Constitución Española, por el que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Por ello, comprometemos nuestro apoyo activo al Gobierno en su legítimo liderazgo en la política orientada a la desaparición de la violencia y el terrorismo, de cara a la consecución definitiva de la paz.
4.- SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
Expresamos nuestra solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Ellas son la memoria, el recuerdo, la constatación presente y continua del sufrimiento, de la brutal injusticia que ha provocado el terrorismo de ETA.
Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ha sido una expresión unánime y cualificada de su reconocimiento moral y material. Pero nuestras obligaciones no han terminado.
Debemos esforzarnos por preservar su memoria, por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Su colaboración con la sociedad española en la batalla contra el terrorismo sigue siendo necesaria, ya que nadie mejor que las víctimas para defender los valores de convivencia y respeto mutuo que quieren destruir aquellos que les han infligido tal sufrimiento.
Por ello, instamos a que la solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familiares se plasme en acciones concretas y efectivas en el marco de la máxima colaboración entre las instituciones.
En este sentido, nos comprometemos a evitar la instrumentación partidista de las víctimas, a mejorar la atención que merecen y a perfeccionar la legislación vigente en la materia mediante un nuevo texto legal.
5.- RESPETO AL ESTADO DE DERECHO
Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar, con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.
Rechazamos la lógica de la guerra y la lógica de la excepción en la lucha frente al terrorismo y por la paz.
6.- DIÁLOGO Y UNIDAD DEMOCRÁTICA
Invitamos al Gobierno a perseverar en las labores de normalización y pacificación del País Vasco y en la lucha contra el terrorismo inspirada en los principios del diálogo y unidad entre las fuerzas democráticas, pleno respaldo a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza, cooperación internacional en los ámbitos policial y judicial y apelación a la movilización social y a la conciencia ciudadana de repulsa de la violencia terrorista y reivindicación de los valores de pluralismo, tolerancia y la construcción de la paz como expresión colectiva de rechazo frente a quienes justifican esa violencia terrorista.
Después de la ruptura unilateral del “alto el fuego permanente”, sólo el abandono definitivo de la actividad armada tendrá credibilidad. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia.
Todo proceso futuro de diálogo, negociación y resolución deberá realizarse en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia del conflicto.
Instamos a que el diálogo, el consenso y el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rija todo el proceso, que debe conducir al fin de la violencia terrorista, y evite actitudes de enfrentamiento entre posiciones ideológicas distintas.
7.- BATASUNA-IZQUIERDA ABERTZALE
De otra parte, convencidos, de que la única vía para la normalización y pacificación de la sociedad es la que pasa por el estricto respeto de la voluntad popular, emplazamos a los movimientos políticos que aún continúan legitimando la violencia o no condenándola, para que la abandonen y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos.
En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación o proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional.
Así, estudiaremos de forma consensuada la Ley de Partidos Políticos y primaremos la exigencia y el emplazamiento político al mundo abertzale.
8.- FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA
Seguiremos apoyando al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza, porque de su capacidad y eficacia depende la erradicación de la violencia, tal y como se está comprobando estos últimos años en la progresiva desarticulación operativa de la banda terrorista”. La acción policial erradica el terrorismo, previene los atentados, persigue a los autores y protege los principios que conforman la convivencia democrática, especialmente el derecho a la vida.
Por ello, reiteramos nuestra confianza en su trabajo y apoyaremos su dotación adecuada de medios humanos y materiales para desarrollar la labor que tienen encomendada. Es una confianza, un apoyo y un compromiso que queremos hacer extensivo a Jueces y Fiscales, a todos los que trabajan al servicio de la Justicia para asegurar nuestra convivencia libre y pacífica. Todo ello desde el respeto al principio constitucional de independencia judicial.
9.- POLÍTICA PENITENCIARIA
Instamos al Gobierno a que mediante el más amplio diálogo con todas las fuerzas políticas desarrolle en el marco de los principios y derechos constitucionales una orientación consensuada de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia, y en el marco del más escrupuloso respeto a los derechos humanos.
En este sentido, apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.
10.- COOPERACIÓN CON LOS GOBIERNOS DEL PAÍS VASCO Y DE NAVARRA
Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo.
De manera general, nos comprometemos a trabajar por el reforzamiento de la cooperación entre las Instituciones estatales y de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, en todos los ámbitos que incidan en el objetivo común de acabar con el terrorismo.
11.- COOPERACION INTERNACIONAL
Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional, particularmente en el seno de la Unión Europea, entre los Gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los cometen, todo ello desde el respeto escrupuloso a los derechos humanos y a los principios que rigen el derecho internacional.
Al mismo tiempo, nos comprometemos a trabajar conjuntamente en el seno de la UE y a escala internacional en el marco de este acuerdo, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas.
12.- CIUDADANÍA
Pero la definitiva erradicación de la violencia terrorista en España no es una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos.
Nuestro compromiso es poner toda nuestra energía de partidos democráticos para conseguir un gran impulso cívico al servicio de la salvaguarda de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos. Este no es un compromiso coyuntural. Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que nos comprometemos a defenderlos.
Una vez más queremos destacar la extraordinaria sensatez y moderación con que la sociedad ha reaccionado ante las agresiones terroristas, dando un ejemplo de talento y generosidad para el triunfo de la democracia sobre la barbarie terrorista. Llamamos a todos los ciudadanos para que, individualmente y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en que se integran, asuman sus responsabilidades y trabajen por la desaparición de las actitudes fanáticas, intolerantes y violentas y por la consolidación de la libertad. El transcurso del tiempo ha demostrado la vigencia de estos principios. Hoy, constatada la creciente debilidad del terrorismo, gracias a la tenacidad de quienes durante años lo hemos combatido, hacemos un llamamiento para fortalecer la unidad de las fuerzas políticas en torno a tales principios y acciones, que han demostrado su eficacia.
13.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.
Pedimos a los responsables de los medios de comunicación que -desde el respeto a la libertad de expresión- colaboren con las Instituciones representativas de la voluntad popular y a través de los medios a su alcance, en desarrollar el ambiente social necesario para la generalización de los valores del respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo.
14.- INSTITUCIONES
Invitamos a todas las instituciones – Gobiernos, Parlamentos, Ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, se sumen a este acuerdo y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr sus objetivos. Por ello y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en las próximas reuniones de las respectivas instituciones.
15.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El ámbito preferente de este pacto será el Congreso de los Diputados.
El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente la Paz, las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre las fuerzas políticas firmantes y el Gobierno, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo -reformas legislativas, apoyo a las víctimas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin, se creará una Comisión de seguimiento.
A través de este Acuerdo, se invitará al Gobierno a que, de forma bilateral y multilateral, comparta con las fuerzas firmantes información y estrategia en la lucha contra el terrorismo.
A la Comisión le corresponderá asimismo, la evaluación de la eficacia y de los resultados del Acuerdo y procederá, en su caso, a su actualización.
16.- 11-M Y TERRORISMO YIHADISTA
La matanza del 11-M en Madrid, que sucedió a los atentados de Casablanca y del 11-S en Nueva York, y que precedió al del 7-J en el metro de Londres, puso en evidencia una nueva amenaza para nuestro país: el terrorismo yihadista.
Las víctimas del atentado del 11-M, sus familias y la sociedad entera tienen derecho a que se haga justicia. A la Justicia corresponde el establecimiento de la verdad judicial, a través de la correspondiente sentencia.
Por el presente acuerdo, las formaciones políticas que lo suscriben se comprometen también a mantener la unidad frente a esta nueva amenaza y, siguiendo las recomendaciones establecidas en las conclusiones de la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M, a prestar el máximo apoyo político a las instituciones del Estado de Derecho como servicio público basado en la defensa de los valores constitucionales.
Sólo en la acción de los tribunales puede una sociedad democrática hallar la satisfacción de sus demandas de justicia, mediante una respuesta firme y contundente en el marco estricto del Estado de Derecho y la independencia judicial.
CLÁUSULA FINAL
Y, en prueba de conformidad con el Acuerdo que antecede, lo firman, en Madrid, a (fecha)
Fuentes
(1) Pacto de Madrid (5 de noviembre de 1987) suscrito por PSOE, AP, CDS, PCE, CiU, PNV, PDP, PL y EE.
(2) Pacto de Ajuria Enea (12 de enero de 1988) suscrito por CDS, PSE, AP, EE, PNV y el lehendakari José Antonio Ardanza.
(3) Pacto de Navarra (7 de octubre de 1988) suscrito por UPN, PSN-PSOE, AP, CDS, DC, EE, PL y por el presidente del Gobierno Navarro, Gabriel Urralburu.
(4) Moción aprobada por el Congreso el 10 de noviembre de 1998, por unanimidad, a propuesta del G. P. de Izquierda Unida).
(5) Moción del PP votada por el PSOE y el PNV el 14 de mayo de 1998, en conclusión del Debate sobre el estado de la Nación, siendo Presidente del Gobierno José María Aznar.
(6) Pacto por las Libertades y contra el terrorismo (8 de diciembre de 2000), suscrito por el PP y el PSOE
(7) Moción aprobada por el Congreso el 20 de mayo de 2005, al término del Debate sobre el estado de la Nación.
