Veinte propuestas de IU para el Aragón de futuro.

Por Adolfo Barrena. Diputado en las Cortes de Aragón

VEINTE PROPUESTAS PARA EL ARAGÓN DEL FUTURO

Nos situamos en el Aragón de las oportunidades, el Aragón que tiene posibilidades y en el Aragón en el que creemos. Hacer una propuesta real para esta tierra requiere una buena dosis de realismo, acercarse a la ciudadanía y huir de la historia oficial de las estadísticas comparadas y de los gabinetes de comunicación que encuentran valoración positiva para todas las políticas y medidas que se adoptan.

Hay cinco cuestiones que me parecen vitales para abordar, con garantías, un futuro mejor para quienes vivimos, trabajamos y compartimos Aragón.

Empezaré por la necesaria Ordenación del Territorio. Somos 731 municipios, repartidos en un vasto territorio y no podemos obviar esta realidad. Uno de los problemas que hay que resolver es la macrocefalia que representa Zaragoza y su Área Metropolitana que están contribuyendo a la desertización del resto del territorio. Desertización porque es aquí donde se concentra la actividad económica, donde hay más servicios y donde hay más opciones. Otro es el del desordenado crecimiento urbanístico que se vive en Zaragoza y su entorno pero también en las zonas próximas a las estaciones de esquí.

Al ser utilizado el sector inmobiliario como fórmula de financiación de los Ayuntamientos y Administraciones Públicas desequilibra el territorio en función de las plusvalías que se generan. Esas plusvalías se quedan donde se producen y pierden el elemento redistribuidor de la riqueza que consagra la Constitución cuando en su Artº 128 dice “toda la riqueza del país está subordinada al interés general”. Ese crecimiento urbanístico descompensado incide en los consumos de recursos, requiere abastecimientos de servicios, tratamientos de aguas y residuos, y exige una buena red de transportes y comunicaciones. También incide en los valores ambientales y paisajísticos.

Hay posibilidad de actuar aquí. Nosotros proponemos unas leyes que acondicionen la expansión urbanística a cubrir, en primer lugar las necesidades de vivienda, de 1ª vivienda.

Proponemos evitar que se modifiquen los PGOus a la carta. Proponemos incrementar las cesiones obligatorias a los ayuntamientos y regular que éstos no hagan “negocio” con el suelo. Proponemos obligar a que los gastos de los equipamientos y servicios públicos sean a cargo del convenio urbanístico que desarrolle los suelos y no del comprador de la vivienda o de las administraciones públicas. Proponemos una visión integral y planificada democráticamente del desarrollo ahora que todavía estamos a tiempo. Esa planificación democrática debe extenderse a la red de transportes y comunicaciones.

Es el momento ya de apostar decididamente por la creación del consorcio público de transportes que resuelva las comunicaciones regionales, que combine el ferrocarril convencional con la carretera y que de una alternativa al AVE, al deficiente convenio con RENFE y que garantice la intermodalidad necesaria.

No podemos vertebrar territorio sin una adecuada política de Servicios Públicos. Los Servicios Públicos esenciales son los que garantizan el estado del bienestar y son la obligación que las administraciones públicas tienen para con sus administrados. Una sociedad democrática y moderna debe procurar la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas y debe garantizar la efectividad de los derechos constitucionales a la educación, a la salud, a la atención de la dependencia, a la prestación social suficiente en caso de necesidad y eso sólo puede hacerse con las políticas fiscales adecuadas que, por otra parte, son las que recoge expresamente la Constitución en su artº 31 que dice que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica y mediante un sistema fiscal progresivo.

Estamos viviendo la ruptura de este modelo. Baja dos puntos la presión fiscal directa, la que es progresiva y solidaria mientras sube 3 puntos la presión fiscal indirecta, la que grava el consumo que es, además de insolidaria, claramente inflacionista.

Sólo desde el sistema público podemos podemos dar las prestaciones que requiere el estado del bienestar. La desigual distribución de servicios y equipamientos, otra vez a favor de las zonas urbanas, contribuye al desequilibrio territorial.

Es evidente que aquí las propuestas de Izquierda Unida van en la dirección de recuperar la tributación fiscal progresiva. No es aceptable tener sin resolver la adecuada prestación de los servicios esenciales y proponer un derechazo fiscal que supone que las arcas públicas dejen de ingresar 4.500 millones de € al año. Ni es aceptable pretender resolver el problema de financiación de las CC.AA. incrementando la recaudación sobre el alcohol, el tabaco y los combustibles. Tampoco lo es que las CC.AA. no ejerzan su capacidad fiscal y se limiten a exigir más recursos mientras reducen la cesta autonómica de impuestos sobre sucesiones o patrimonio hasta, como es el caso de Aragón, hacerlos prácticamente inexistentes.

También proponemos una política eficaz de gestión de los recursos humanos y económicos que eviten situaciones como la negativa de determinados empleados públicos (caso de algunos especialistas de la sanidad) a prestar su servicio en el medio rural o el de la duplicidad de administraciones como es el caso de la pervivencia de la Diputaciones Provinciales aunque hemos creado las comarcas.

Me detendré ahora en el empleo. Lo hago, como en todo momento, desde el reconocimiento de la realidad que habla de que tenemos unos niveles de actividad excelentes, de que el ritmo de creación de empleo en Aragón está muy por encima de la media a la vez que nuestra tasa de paro es claramente inferior. Hay muchas zonas de Aragón en las que podemos hablar de pleno empleo. Pero no tenemos empleo de calidad ni tenemos empleo seguro. Estamos sufriendo un proceso de cambio de empleos de los sectores industriales a los sectores de la construcción y servicios. Aquí también se apoya una buena parte del crecimiento económico en sectores poco productivos, muy poco expuestos a la competencia internacional y poco transparentes en la fijación de los precios. Pongamos como ejemplo el sector de la construcción, uno de los más pujantes en Aragón. En la construcción los márgenes empresariales crecen al mismo ritmo que los precios de la vivienda mientras que los salarios de los trabajadores del sector lo hacen cinco puntos por debajo de lo que sube el precio del metro cuadrado. El sector de la logística, la otra gran apuesta aragonesa es intensiva en mano de obra poco cualificada y vulnerable a la contratación temporal y a la rotación de trabajadores mediante el encadenamiento de contratos.

El crecimiento económico no está llegando a los trabajadores y trabajadoras. El peso de los salarios en el PIB aragonés ha perdido tres puntos. Si a este dato le unimos la inflación (aragón es una de las comunidades más inflacionistas) y el efecto del incremento del coste de las hipotecas podemos vernos abocados a un descenso importante del consumo. La calidad, estabilidad y garantía en el empleo es el mejor antídoto contra esta situación y aquí las administraciones públicas deben jugar un importante papel.

Vemos con demasiada frecuencia como se recurre en el sector público a la externalización de servicios, a la creación de empresas, organismos, entidades y consorcios que recurren a la contratación precaria, a la interinidad y a las fórmulas más conocidas para reducir los costes laborales bajo la premisa de la efectividad en la gestión. Nosotros apostamos por un sector público potente, eficaz y eficiente, al servicio de la ciudadanía que aprovecho todas las posibilidades de empleo que dan los servicios públicos, la gestión de lo público y que sea el motor de la iniciativa empresarial diversificadora que necesitamos.

Entronco así con el cuarto aspecto que quiero desarrollar. El de la diversificación industrial que necesitamos para hacer frente a los procesos de deslocalización de empresas que la lógica del mercado impondrá. Para hacer frente a la agricultura subvencionada por la PAC que tiene los días contados, para revitalizar nuestras comarcas mineras que dejarán de ser activas en el año 2012. Para tener unos sectores productivos propios, dotados de un componente tecnológico e innovador que aporte valor añadido y seguridad competitiva. Aquí es fundamental el papel que debe desarrollar el sector público. Se hace imprescindible concretar una clara política de I+D+i y recuperar el tiempo perdido que ha supuesto un Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad que ha tenido un responsable cada año.

Para la Agricultura y el sector energético hay condiciones adecuadas. Además del desarrollo de las energías renovables tenemos todas las condiciones para desarrollar un potente sector energético de vanguardia. Es inaplazable la lucha eficaz contra el cambio climático y es inaplazable acabar con la dependencia energética que suponen el petróleo y el gas natural.

Nuestra tierra es de las más adecuadas de Europa para el desarrollo de los biocombustibles. Los cultivos energéticos, la elaboración de biocombustible, las tecnologías asociadas a ellos (catalizadores, carburadores, …) es un sector emergente que combinado con la agroindustria de calidad puede resolver muchos de los problemas que no resolverá la logística y la construcción. El turismo empieza a ser más importante en nuestro PIB que el automóvil y es un sector que debemos cuidar y `potenciar.

No creo que las políticas de desarrollos urban´sticos asociadas al esquí sean garantía de futuro. La benidormización del Pirineo acabará por pasarnos factura al igual que todos los monocultivos.