PRESUNTO DELITO DE URBANISMO

Juzgan al alcalde de Utebo por una licencia de obras irregular
Acusan a Pascual Abós de otorgarla en contra del Plan de Ordenación Urbana. El fiscal y la acusación solicitan la inhabilitación del edil por siete años.
17/01/2007 EL PERIÓDICO
El ministerio fiscal solicitó ayer en el Juzgado de lo Penal número tres de Zaragoza siete años de inhabilitación para el alcalde de Utebo, Pascual Abós, por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Le acusa de otorgar una licencia de obras en contra de lo dispuesto en el plan de ordenación cuando ocurrieron los hechos, en 1994.
La supuesta irregularidad urbanística que ayer se vio en la vía penal, ya ha sido objeto de diversas sentencias, incluso por parte de la Salta Tercera del Tribunal Supremo, que resolvió en febrero del 2002 la nulidad de la licencia municipal.
Según el fiscal, en julio de 1994 se aprobó en un pleno municipal la reparcelación de un terreno, sobre el que el Plan de Ordenación Urbana contemplaba la cesión del 15% para aprovechamiento por parte del consistorio.
IMPUGNACIÓN El acuerdo plenario fue impugnado por uno de los copropietarios de estos terrenos, que recurrió a la vía contencioso administrativa. Desde entonces se sucedieron diversas sentencias favorables al recurrente hasta llegar al Alto Tribunal, que desestimó la casación de los anteriores fallos.
La sentencia del Supremo obligaba al Ayuntamiento de Utebo a elaborar un nuevo proyecto de parcelación. Entre tanto, no se podían otorgar nuevas licencias de obras en el terreno afectado. Un nuevo recurso planteado por el ayuntamiento, que consideraba imposible la ejecución de la sentencia, fue rechazado en noviembre del 2002 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Sin embargo, ese mismo año se concedió una licencia para la construcción de viviendas en el terreno afectado, al tiempo que el ayuntamiento aprobaba una nueva reparcelación del suelo. Aunque este acuerdo también fue impugnado por irregularidades en el procedimiento, el ayuntamiento otorgó un segundo permiso de obras en el 2003, antes de que el TSJA declarara la nulidad de la resolución municipal y ordenara la paralización de las obras.
El fiscal considera que Abós es responsable de un delito contra la ordenación del territorio y solicita para él siete años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público, así como una pena multa, cuya cuantía asciende a 3.600 euros.
Por su parte, la abogada de la acusación particular, María Jesús Sariñena, coincide con el fiscal en su petición de inhabilitación para ocupar un cargo público y solicita una pena multa con una cuantía de 8.760 euros.
Ambos argumentan que Abós incumplió reiteradamente las sentencias de las distintas instancias, incluso después de que fueran firmes.
El letrado de la defensa, Enrique Trebolle, alegó que la reparcelación fue finalmente aprobada por el Ayuntamiento de Utebo en el 2004, por lo que solicitó la libre absolución de su cliente.
En contra de estos argumentos, tanto el fiscal como la acusación señalaron que la presunta irregularidad urbanística de la que se acusa Abós se cometió entre el 2002 y el 2004, cuando estaba vigente el anterior Plan de Ordenación Urbana y después de que los tribunales se hubieran pronunciado sobre la ilegalidad de las licencias de obras, por lo que las decisiones municipales adoptadas con posterioridad a los hechos no se pueden retrotraer.